El Senado rechazó por amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía y no sólo le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, sino que también agravó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de haber permitido que el DNU se discutiera en el recinto de la Cámara alta.

El decreto fue rechazado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

El polémico decreto dividió aguas en los dos grandes conglomerados que integraron Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se repartieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). El Pro, cerró filas y votó a favor.

Más allá del duro impacto político a la administración Milei que implica el pronunciamiento del Senado, el DNU se mantiene vigente. Tal como lo establece la ley de Trámite Legislativo que regula el control parlamentario de estos instrumentos, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas.

Así, ahora toda la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.